Sancionada la Cámara de Comercio de Villavicencio por irregularidades administrativas y proselitismo
La Superintendencia de Sociedades impuso una multa superior a los 216 millones de pesos tras detectar fallas en la contabilidad, contratación y el manejo de registros públicos.
En una decisión que sacude al sector gremial del Meta, la Superintendencia de Sociedades anunció este 23 de diciembre la imposición de una sanción económica de $216.574.665 contra la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV). La medida responde a múltiples incumplimientos de las normas legales y al desacato de las instrucciones impartidas por el ente de control.
Las causas de la sanción
Tras una investigación detallada, la autoridad determinó que la entidad cameral vulneró principios fundamentales de su operación. Entre las faltas más graves señaladas por la Superintendencia se encuentran:
Proselitismo político: La entidad no se abstuvo de realizar actividades de carácter político, algo prohibido para estas instituciones.
Irregularidades en contratación: Se detectó que la CCV se apartó de su propio Manual de Procesos de Contratación.
Gestión deficiente: Fallas en la contabilidad, falta de respuesta oportuna a peticiones de usuarios y deficiencias en el manejo de los registros públicos.
La postura oficial
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, enfatizó que estas sanciones buscan preservar la confianza en las instituciones que manejan recursos y registros públicos.
«Nuestra misión es fortalecer el cumplimiento normativo… Estas entidades deben observar estrictamente los mandatos legales debido a su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto», afirmó Escobar.
¿Qué sigue para la CCV?
Aunque la multa ya fue notificada, la Cámara de Comercio de Villavicencio aún cuenta con las garantías legales para ejercer su derecho a la defensa. La institución podrá interponer los recursos de ley para intentar controvertir la decisión.
Por su parte, la Superintendencia aseguró que mantendrá la vigilancia sobre todas las cámaras de comercio del país para garantizar que su funcionamiento beneficie de manera transparente a los comerciantes y empresarios.