Una acción popular cuestiona el uso de convenios interadministrativos y la transparencia en la contratación

RTVC, el sistema de medios públicos que dirige Hollman Morris, enfrenta un proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presuntas irregularidades en sus convenios interadministrativos, que en 2024 ascendieron a $85,7 mil millones.

La demanda fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que acusa a la entidad de utilizar estos convenios como un “vehículo de intermediación” para contratar operadores privados a dedo y desviar recursos hacia actividades ajenas a su misión, como la logística de eventos: alquiler de tarimas, carpas, sillas o catering.

Uno de los ejemplos citados es el acuerdo con Colpensiones (2024-2025), mediante el cual RTVC asumió la producción y ejecución de jornadas institucionales, pese a que su objeto social está ligado a la comunicación y no a la operación de eventos.

La ONG también advierte sobre riesgos financieros y laborales: mientras la planta de RTVC tenía apenas 60 empleados en 2023, la entidad acumulaba más de 1.800 contratos por prestación de servicios. Además, cuestiona sus estrechos márgenes económicos —$363,7 millones en ingresos y solo $39,5 millones en utilidades—, lo que evidenciaría “fragilidad persistente”.

La defensa de RTVC, en un escrito de 28 páginas, rechaza las acusaciones y sostiene que su objeto social es lo suficientemente amplio para incluir servicios logísticos y conexos. Niega corrupción, favoritismo o daño al patrimonio público.

El magistrado Fabio Iván Afanador, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, será el encargado de resolver la acción popular. La Fundación insiste en que la justicia debe ordenar a RTVC limitar sus contratos a actividades estrictamente relacionadas con su misión y garantizar mayor transparencia.