Las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron interceptadas junto a la misión humanitaria que buscaba entregar ayuda en Gaza; organizaciones denuncian violación al derecho internacional y exigen su liberación.

Las Fuerzas Armadas de Israel interceptaron este jueves a la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El operativo se produjo cuando las embarcaciones se encontraban a menos de 90 millas náuticas de su destino.
Según testigos, unas 20 naves de la marina israelí rodearon los barcos y obligaron a su detención. Entre las personas retenidas se encuentran las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, integrantes del barco HIO, quienes participaban en la misión en representación de una delegación colombiana.
El movimiento colombiano que respalda la flotilla denunció que la acción constituye una violación al derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra, asegurando que las activistas fueron detenidas durante una misión pacífica de carácter humanitario.
“Esto que está cometiendo Israel es un crimen, es piratería. Nos están secuestrando en aguas internacionales y no hay ninguna garantía”, alcanzaron a decir Bedoya y Barreto antes de ser privadas de la libertad.
El movimiento hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano para que intervenga en el caso y exija la liberación inmediata y el retorno seguro de sus connacionales. Asimismo, convocó a manifestaciones pacíficas frente a las sedes de la ANDI, en rechazo a los vínculos comerciales de esta entidad con Israel.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que la Armada contactó previamente a la flotilla y le ordenó cambiar el rumbo, advirtiendo que se dirigía a una “zona de combate activa” y que intentaba violar un “bloqueo naval legítimo”. Posteriormente, informó que los pasajeros fueron llevados a un puerto israelí y que se encuentran “sanos y salvos”.
De acuerdo con la legislación israelí, los retenidos podrían ser deportados en un plazo de 72 horas tras emitirse la orden de expulsión, a menos que acepten voluntariamente salir del país, como ya ocurrió en incidentes similares con otros activistas internacionales.





