BOGOTÁ – Un nuevo capítulo en el desangre de los recursos públicos ha estallado tras revelarse los avances de la Fiscalía General de la Nación en la investigación contra el Fondo Mixto Sierra Nevada. Este ente, que nació en el municipio de La Paz (Cesar), se encuentra hoy en el ojo del huracán por ser presuntamente el eje central de una red diseñada para desviar miles de millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.
El «Contratadero» de los $200.000 Millones
Las investigaciones apuntan a que el Fondo Mixto Sierra Nevada ha operado como un «contratadero» opaco que permitía evadir la Ley 80 de contratación pública. Bajo un régimen privado, la entidad habría recibido millonarios recursos, destacando un bloque de $200.000 millones provenientes exclusivamente de las regalías de La Guajira, uno de los departamentos con mayores necesidades básicas insatisfechas del país.
Modus Operandi: Anticipos y Proyectos «Fantasma»
De acuerdo con las pesquisas de la Procuraduría y la Contraloría, se han identificado las siguientes irregularidades clave:
- Anticipos injustificados: Pago de dineros a contratistas por obras que no se ejecutaron o que no cumplían con los objetivos legales.
- Contratación «a dedo»: Uso de la figura de fondo mixto para asignar proyectos a amigos de mandatarios locales y financiadores de campañas políticas.
- Falta de experiencia: Adjudicación de contratos de infraestructura compleja a una entidad creada originalmente para la «promoción de la cultura», que carecía de capacidad técnica.
- Obstrucción al control: Intentos del representante legal del fondo por dilatar auditorías y ocultar información financiera.
Allanamientos y Capturas en la Mira
Fuentes judiciales confirman que se han realizado allanamientos en sedes vinculadas al fondo ante el hallazgo de un detrimento patrimonial que podría superar el billón de pesos en contratos opacos. Las autoridades buscan esclarecer los nexos entre la familia del exalcalde de La Paz, Martín Zuleta —fundador del fondo—, y los clanes políticos que habrían facilitado la expansión de este modelo de corrupción a otros municipios.
El Sistema General de Regalías, que debería financiar el desarrollo de las regiones más pobres, enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos judiciales, mientras la ciudadanía exige que el caso no quede en la impunidad y se recuperen los recursos desviados.
En los próximos días se anuncian investigaciones en contratos firmados por esta entidad en algunos municipios del departamento del Meta.
