La Fiscalía investiga la firma de contratos por más de $78 millones, presuntamente usados para frenar una demanda de nulidad contra el mandatario.

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a dos exfuncionarias de su administración por su presunta responsabilidad en anomalías relacionadas con la firma de dos contratos que, en conjunto, superaron los 78 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los contratos se habrían suscrito con el propósito de favorecer a la persona que interpuso la demanda de nulidad contra la elección del mandatario, con el fin de que desistiera de su acción legal. El primero, firmado en febrero de 2024 por 19,8 millones de pesos, nunca se ejecutó. El segundo, gestionado a través de la empresa pública Ecovivienda, ascendió a 54,2 millones de pesos.

El ente acusador señala que los trámites iniciaron tras la demanda de nulidad y finalizaron con su retiro. Además, existen pruebas que indicarían que Krasnov habría presionado y amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que avalara el contrato y firmara un documento que lo librara de responsabilidades.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Krasnov los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Asimismo, vinculó a Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación del municipio, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, como coautora y cómplice, respectivamente, del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Aunque el proceso avanza en los estrados judiciales, los tres señalados continuarán en libertad, ya que el juez determinó imponer medidas no privativas de la libertad.